Los datos se imponen con contundencia. En 2024, 796 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo o en el trayecto hasta él. Una realidad que confirma que la siniestralidad laboral sigue siendo un problema estructural y pone de relieve la necesidad de reforzar la prevención.
En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de 2026 como “Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. La iniciativa coincide con el 30º aniversario de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, norma que estableció el marco básico del actual sistema preventivo.
Lejos de haber sido planteada como una simple efeméride, el objetivo es ambicioso: reabrir el debate sobre la seguridad laboral. Y, paralelamente, actualizar medidas preventivas en un mercado de trabajo que poco tiene que ver con el de hace tres décadas.
Una urgencia que persiste
Durante años se asumió que el crecimiento del empleo implicaba un aumento inevitable de los accidentes laborales. Sin embargo, los datos recientes cuestionan esta relación. La evidencia muestra que la precariedad laboral incrementa los riesgos, mientras que la estabilidad en el empleo actúa como un factor de protección.
En este sentido, la reforma laboral ha contribuido a una reducción del 7,4 % del índice de siniestralidad con baja laboral, descenso que se ha producido en todos los grupos de edad. Este dato refuerza la importancia de las condiciones de trabajo como elemento clave en la prevención de riesgos laborales.
El nuevo mapa de ruta de la prevención en las organizaciones: ¿dónde situar el foco?
La transformación del empleo ha ampliado el mapa de los riesgos laborales. Factores que, hasta hace poco, apenas figuraban en la agenda de prevención pasan ahora a protagonizarla:
- El aumento de los riesgos psicosociales y los problemas de salud mental.
- La desigualdad persistente entre hombres y mujeres en materia de salud laboral.
- El envejecimiento de la población activa, en un contexto de cambios demográficos.
- El impacto del cambio climático sobre las condiciones de trabajo.
La DANA de 2024, que causó 229 víctimas mortales, puso de manifiesto la necesidad de incorporar los riesgos climáticos a la prevención laboral. A raíz de este episodio se adoptaron medidas específicas, como los permisos climáticos, destinados a proteger a las personas trabajadoras ante fenómenos meteorológicos extremos.
¿Se puede hablar de avances concretos?
Desde el Ejecutivo se señala que, en los últimos años, se han impulsado diversas iniciativas para reforzar la prevención dentro de las organizaciones:
- Un plan de choque contra los accidentes laborales mortales, con especial atención al sector de la construcción.
- La adaptación de la normativa laboral al cambio climático, reforzando en 2023 las obligaciones empresariales de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos y reconociendo, posteriormente, permisos laborales en situaciones de riesgo grave (incluidas las derivadas de catástrofes naturales).
- La incorporación, en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la posibilidad de que la negociación colectiva establezca protocolos específicos de actuación ante emergencias climáticas.
2026: un año clave para redefinir la prevención laboral
Los expertos coinciden en que la prevención de riesgos laborales avanza hacia un enfoque más integral y centrado en las personas. La reducción de los accidentes físicos sigue siendo prioritaria, pero se incorporan de forma creciente otros ámbitos como la salud mental, el impacto del clima, la digitalización, la formación continua y el bienestar laboral.Ya inmersos en 2026, el reto es convertir los compromisos en resultados medibles y adaptar las políticas de prevención con medidas que, lejos de ser papel mojado, tengan un impacto efectivo en las organizaciones.
